La política tributaria en América Latina ha adquirido un papel más relevante como medio de confrontación entre los gobiernos y el sector privado. Diversos países, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han propuesto cambios fiscales para eliminar los sistemas tributarios favorables, en un discurso que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades inherentes de la región. Honduras, bajo el liderazgo de Xiomara Castro, forma parte de esta tendencia regional, presente también en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y debates sobre justicia social
En Honduras, el Gobierno ha promovido la Ley de Justicia Tributaria como una prioridad en su agenda económica. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que tradicionalmente han favorecido a sectores empresariales, bajo la premisa de que esos beneficios han acrecentado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta iniciativa con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber contribuido al retraso económico del país.
Este enfoque no es aislado. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente a empresarios de actuar como “evasores disfrazados de inversionistas”, justificando con ese argumento su propia reforma tributaria. De forma similar, en Chile, el gobierno de Gabriel Boric ha insistido en reformar el régimen fiscal empresarial, pese a que propuestas constitucionales de corte económico han sido rechazadas en plebiscitos.
Opiniones y alertas provenientes del ámbito privado
Desde organizaciones de negocios hasta analistas locales, las reacciones a estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos creen que, en lugar de ser un ajuste técnico de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una estrategia de enfrentamiento que debilita la confianza en la estructura económica. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un ambiente de hostilidad legal, fomentando la salida de capitales y deteniendo nuevas inversiones.
El comunicado ha sido compartido en plataformas oficiales de redes sociales, medios estatales y foros legislativos, donde se impulsa la noción de que las grandes fortunas deben «restituir lo que le deben a la sociedad». Esta narrativa, de acuerdo con analistas, genera una visión negativa hacia el sistema productivo, al cual se le responsabiliza de aprovecharse de estructuras tributarias que en numerosas ocasiones fueron creadas para incentivar inversiones en escenarios de crecimiento insuficiente.
Un cruce regional entre la formalidad económica y la división
El progreso de estas reformas fiscales se alinea con un momento de mayor división política y retos económicos en América Latina. Analistas locales señalan que las transformaciones en materia fiscal promovidas por estos gobiernos no solo alteran el sistema de ingresos del Estado, sino que también podrían poner en riesgo el equilibrio entre la inversión privada y la intervención gubernamental. En este escenario, la promoción de una «equidad fiscal» se transforma, para ciertos participantes, en una herramienta para afianzar poder político a través del debilitamiento de balances económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la polémica se centra en un problema más profundo: mantener un sistema que fomente la inversión y el empleo, o moverse hacia un modelo tributario orientado a la redistribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con el sector productivo.
Tensión entre gobernabilidad y estabilidad económica
La política fiscal en diferentes países de América Latina indica un cambio en la perspectiva del papel del Estado en la economía. Aunque las reformas intentan atender reclamos históricos de igualdad, su ejecución con una retórica de confrontación y sin suficientes consensos genera riesgos para la gobernanza democrática y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es lograr un equilibrio que permita atender las necesidades sociales sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que sustentan su estructura económica.
