Varios grupos dentro de la sociedad hondureña y entidades internacionales muestran preocupación por el dominio institucional que el oficialismo tiene, en un contexto político caracterizado por tensiones en torno a la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en entidades principales del Estado
Desde el comienzo del mandato de la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha incrementado su presencia en las principales instituciones del Estado. La influencia del gobierno se ha expandido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
De acuerdo con denuncias de la oposición, varios de estos nombramientos se han realizado sin respetar los procedimientos legislativos establecidos y en el marco de acuerdos políticos sin transparencia. La diputada Maribel Espinoza, miembro de la bancada opositora, señaló que el propósito del partido en el poder va más allá de gobernar, al advertir que busca “controlar todo”, incluyendo instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El crecimiento del poder de las instituciones genera cuestionamientos acerca del balance entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Advertencias sobre amenazas a la democracia y denuncias de hostigamiento
Especialistas y organizaciones de análisis han alertado que la centralización del poder podría provocar un debilitamiento de la democracia en su estructura. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha indicado que esta tendencia afecta la autonomía de las ramas del gobierno y puede promover un sistema gubernamental con características autoritarias.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
A este escenario se suma la preocupación por el trato hacia sectores independientes, particularmente medios de comunicación y actores empresariales. Reportes recientes señalan un aumento de la presión contra periodistas críticos, como el caso del comunicador Rodrigo Wong Arévalo, y campañas gubernamentales que cuestionan abiertamente a ciertos grupos empresariales, a quienes se identifica como “las 10 familias”.
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que estas acciones podrían formar parte de un patrón destinado a desincentivar la crítica y limitar la pluralidad de voces en el debate público.
Peticiones para supervisión global y alertas de organizaciones civiles
Ante este panorama, distintas organizaciones han dirigido exhortos a la comunidad internacional, particularmente a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que mantengan una observación activa sobre la situación política de Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestó en un comunicado que la ciudadanía debe mantenerse atenta frente a los riesgos que representa la centralización del poder político. En el mismo mensaje, la entidad sostuvo que cuando “el poder se concentra en una sola mano, la libertad está en peligro”, y pidió que se garantice un proceso electoral libre y transparente en las elecciones previstas para noviembre de 2025.
En este contexto de creciente desconfianza en las instituciones y demanda de seguridades democráticas, se debate el rol de los actores internacionales como aseguradores del cumplimiento de los principios constitucionales y de los derechos políticos de la población.
Una coyuntura marcada por desafíos a la institucionalidad
La coyuntura presente revela tensiones en el sistema democrático de Honduras, especialmente en relación con la división de poderes, la transparencia y la igualdad en el acceso a la participación política. El aumento del poder institucional por parte del gobierno ocurre en un escenario donde los instrumentos de equilibrio se encuentran restringidos en su capacidad de actuar de manera autónoma.
En esta situación, los meses por venir serán cruciales para medir la habilidad de las instituciones de Honduras de preservar su independencia, además del grado de receptividad del sistema político hacia la crítica y la inclusión plural en un proceso electoral que ya empieza a vislumbrarse como esencial para el destino político de la nación.
